LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA INFANCIA EN ESPAÑA: EVOLUCIÓN, IMPACTOS Y PERCEPCIONES

En 1990, año de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, el Estado español ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), documento que marca un cambio fundamental en la manera de percibir al niño como sujeto de derechos y que plantea muchos desafíos al país en la manera de definir y aplicar sus políticas públicas.
Durante las dos primeras décadas de vida de la CDN, la mayoría de los Estado firmantes han avanzado, sobre todo, en el diseño y la implementación de aquellas reformas legales y normativas para garantizar que la legislación nacional fuese acorde con la Convención. Estas reformas legales han sido y son absolutamente necesarias, pues los derechos son mandatos que necesitan de leyes y regulaciones para constituirse en políticas. Las reformas legales sirven para orientar y legitimar la acción pública, ayudan a preservar políticas progresivas (incluyendo instituciones y recursos) frente a cambios de gobiernos, y ofrecen a la sociedad civil un instrumento poderoso de incidencia y reivindicación

Pero las leyes por sí solas, no son suficientes y, al énfasis inicial en las reformas legales y normativas para adaptar la legislación nacional a la CDN, deben sumarse cambios en otras importantes áreas de la acción pública para fortalecer y mejorar la efectiva realización de los derechos a través de las políticas públicas. Las leyes producen los efectos esperados en la medida en que estén “respaldadas” y reflejadas en las decisiones correspondientes de los actores políticos, administrativos y sociales, encuadrados en diferentes marcos institucionales y mediante diferentes estrategias

UNICEF tiene en su mandato el papel de velar por el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. En este sentido, un aspecto fundamental de la labor de UNICEF en el mundo y en España consiste en apoyar a los Estados para lograr que las políticas públicas sirvan para convertir en realidad los derechos de niños y niñas. Esto incluye ser observador de la situación de la infancia española y de las acciones que las distintas administraciones están poniendo en práctica, así como promover el debate público para una mejor elaboración e implementación de las políticas públicas a su favor.
Desde un punto de vista temático, desde hace años la atención de UNICEF, reforzada desde el Centro de Investigación Innocenti, ha dado una prioridad especial al problema de la pobreza infantil y la inequidad dentro de la infancia en los países más desarrollados. La tendencia general de crecimiento de la pobreza infantil en los países de la OCDE es un signo alarmante, precisamente en un grupo de países que por su capacidad económica tienen la posibilidad de compensar de forma efectiva estas desigualdades.
UNICEF España ha asumido también el análisis de la pobreza infantil en España como una de sus prioridades y así lo ha reflejado en el informe La infancia en España 2010-2011 en el que, además de repasar las recientes Observaciones Finales a España del Comite de los Derechos del Niño (Órgano de vigilancia de la aplicación de la CDN en los distintos países del mundo), UNICEF dedica un apartado especial a la pobreza infantil, sobre la que el Comité pone un especial foco de atención.
A este interés y trabajo previo se unen dos factores. Uno es la situación de crisis económica, que está provocando muchas presiones para la reducción del gasto público y en concreto de los gastos sociales. Algunas medidas de austeridad ya han supuesto recortes significativos a las políticas sociales o de ayudas a la infancia y a sus familias, tanto a nivel nacional como autonómico y local.
El segundo factor es el proceso de elaboración del Segundo Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia, promovido por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y el Observatorio de Infancia, que actualmente está en marcha y cuya aprobación se prevé para este año 2011. Este segundo Plan supone una oportunidad única para abordar muchos de los retos incluidos en las recomendaciones realizadas por el Comité de Derechos del Niño.
Por todo ello, desde UNICEF España hemos considerado oportuno realizar una contribución a este análisis, centrándonos en el marco legal, institucional, instrumental y financiero de las políticas y acciones públicas dirigidas a la infancia
en España. Y, yendo más allá, relacionar algunas políticas públicas de prestaciones monetarias con los impactos actuales y potenciales que éstas tienen en el bienestar de los niños españoles, muy especialmente respecto de los niveles de pobreza infantil. Esperamos que este esfuerzo contribuya a dibujar un diagnóstico del panorama y el impacto de las políticas públicas de infancia en nuestro país, alimentando con ello la reflexión y, sobre todo, generando ideas que permitan reforzar la acción de todos los actores involucrados en la gestión dichas políticas.


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http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Politicas_Infancia_Espana_UNICEF_2011.pdf