Naciones Unidas S/2012/171
Consejo de Seguridad Distr. general
6 de marzo de 2012
Informe del Secretario General sobre los niños
y el conflicto armado en Colombia
Resumen
Este informe, preparado de conformidad con lo
dispuesto en la resolución 1612
(2005) del Consejo de Seguridad,
y que se presenta como el segundo sobre la
situación de los niños y el
conflicto armado en Colombia, complementa mi primer
informe (S/2009/434) y las
conclusiones y recomendaciones subsiguientes del Grupo
de Trabajo sobre los niños y los
conflictos armados (S/AC.51/2010/3).
En el informe, que abarca el período
comprendido entre enero de 2009 y agosto
de 2011, se ofrece información
sobre las graves violaciones de que son
objeto los
niños, como reclutamiento y
utilización por fuerzas y grupos armados, muertes y
mutilaciones, actos de violencia
sexual, secuestros, ataques contra escuelas y
hospitales y denegación de acceso
humanitario, y se hace hincapié en que los grupos
armados no estatales continúan
perpetrando estas violaciones en Colombia. Se
señala, asimismo, que las fuerzas
de seguridad colombianas han cometido actos que
comprometen la protección de los
niños afectados por el conflicto.
El informe reitera y destaca la necesidad de
aplicar medidas específicas para
prevenir las violaciones graves
cometidas contra los niños, hacerles frente y luchar
contra la impunidad de quienes
las cometen. También se reconocen los esfuerzos y
avances realizados por el Gobierno
de Colombia para proteger a los niños en este
contexto. Por último, el informe
contiene una serie de recomendaciones destinadas a
reforzar las medidas de
protección de los niños afectados por el conflicto armado en
Colombia.
I. Introducción
1. Colombia no figura entre los
países de que se ocupa específicamente el
Consejo de Seguridad; no
obstante, en diciembre de 2008 el Gobierno de Colombia
aceptó voluntariamente el
establecimiento del mecanismo de supervisión y
presentación de informes dirigido
por las Naciones Unidas con arreglo a la
resolución 1612 (2005) del
Consejo de Seguridad, que condujo a la creación en
enero de 2009 de un equipo de
tareas para la supervisión y la
presentación de
informes.
2. Durante el período que abarca
el informe, los copresidentes del equipo de
tareas celebraron consultas
especiales con instituciones nacionales con el fin de
examinar las medidas adoptadas
para proteger a los niños afectados por el conflicto
armado. Algunos miembros del
equipo de tareas tuvieron problemas de seguridad
como consecuencia de incidentes
ocurridos en el desempeño de sus funciones
durante el período al que
corresponde el informe.
3. De conformidad con la
resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad, el
presente informe no pretende
determinar desde un punto de vista jurídico si la
situación en Colombia es o no un
conflicto armado en el contexto de los Convenios
de Ginebra y sus Protocolos
adicionales, ni prejuzga la condición jurídica de las
partes no estatales involucradas
en el conflicto.
II. Sinopsis de la situación política y de
seguridad
4. Colombia ha disfrutado de
estabilidad constitucional y control democrático.
Asimismo, ha experimentado un
crecimiento económico sostenido. No obstante, el
conflicto armado de larga data en
el país ha seguido constituyendo un considerable
impedimento para la gobernanza,
el respeto de los derechos humanos y el desarrollo
económico equitativo en Colombia
durante el período que abarca el informe. El
conflicto armado ha cobrado
complejidad por la conexión que existe entre los
actores armados no estatales, la
producción y el tráfico de drogas, y otras
actividades delictivas como las
extorsiones y los secuestros. El conflicto armado y
sus vínculos con la delincuencia
han conducido a una situación humanitaria
compleja y han contribuido al
desplazamiento forzoso de más de 3,7 millones de
colombianos durante las últimas
dos décadas. En este contexto, los niños siguen
siendo uno de los segmentos más
vulnerables de la población.
5. En 2010 se celebraron comicios
legislativos y presidenciales. Juan Manuel
Santos Calderón, del Partido
Social de Unidad Nacional, fue elegido Presidente y
tomó posesión de su cargo en
agosto. El Presidente Santos manifestó su compromiso
con el respeto de los derechos
humanos, destacó la importancia de los derechos
económicos y sociales, y prometió
entablar un diálogo social y establecer un
consenso político durante su
mandato. Una de las primeras medidas adoptadas por
su Gobierno fue la aprobación en
agosto de 2010 de la Ley
de víctimas de
desaparición forzada. La Ley define a los familiares de
las personas desaparecidas
como víctimas y establece
mecanismos para facilitar la identificación de los
desaparecidos mediante la
creación de una base de datos con perfiles genéticos. Otra
medida fundamental se adoptó en
2011, con la aprobación del Congreso en mayo y
la entrada en vigor en junio de la Ley de víctimas y de
restitución de tierras, que
ofrece el marco jurídico para
restituir las tierras a las personas a las que el conflicto
armado ha obligado a abandonar
sus hogares. El hecho de que el Gobierno de
Colombia haya reconocido la
existencia de un conflicto armado, lo que constituye
un cambio positivo con respecto a
la política anterior, fundamentó el debate sobre la
ley.
6. Los niños de origen
afrocolombiano e indígena han sido especialmente
vulnerables a graves violaciones.
El conflicto armado entre las fuerzas del
Gobierno, los paramilitares y las
guerrillas, que dura ya décadas, ha tenido en gran
parte como escenario los
territorios afrocolombianos e indígenas. Según los datos
del Gobierno, en 2009 el 45,5% de
los colombianos vivía en la pobreza y el 16,4%
en la pobreza extrema, sobre todo
en las zonas rurales. La pobreza afecta de forma
desproporcionada a los
afrocolombianos y a los pueblos indígenas y está
particularmente extendida entre
los niños, que en 2009 representaban el 38% de la
población total.
7. Las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-Ejército del
Pueblo
(FARC-EP) siguen siendo el mayor
y más antiguo grupo armado guerrillero del país,
seguido del Ejército de
Liberación Nacional (ELN), reconocido ampliamente como
el segundo más numeroso. Durante
el período que abarca el informe, las operaciones
militares de mayor escala
llevadas a cabo por el ejército colombiano provocaron la
muerte en combate de varios
comandantes importantes de las FARC-EP.
8. Desde que tomara posesión de
su cargo, el Presidente Santos ha reflexionado
públicamente sobre las
posibilidades de conversaciones de paz entre el Gobierno y
los grupos guerrilleros. Como
condiciones previas para un eventual proceso de paz,
el Gobierno manifestó que las
guerrillas debían poner en libertad a todos los
secuestrados, abandonar el
reclutamiento de niños y dejar libres a todos los menores
que integraran sus filas, y poner
fin a la utilización de minas terrestres y a los actos
“terroristas”.
9. Han surgido nuevos grupos armados
pese a la desmovilización de unos 32.000
miembros de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC) entre 2003 y 2006, y
pese a los esfuerzos del Gobierno
por reintegrar a estos excombatientes.
El
Ejecutivo considera que estos
grupos son bandas de delincuentes. No obstante, en su
informe correspondiente al
período 2009 y 2010, la
Fiscalía General de la Nación
indicó que esas organizaciones
criminales, que surgieron después de la
desmovilización de las AUC, se
consideraban como la tercera generación de los
grupos paramilitares en Colombia,
y que su objetivo inicial era mantener el control
de las zonas en las que antes
operaban las AUC. En un informe sobre el riesgo
electoral publicado en 2011, la Defensoría del Pueblo
de Colombia hizo notar el
fortalecimiento de los grupos
armados ilegales que aparecieron después de la
desmovilización de las AUC, como
Los Paisas, Los Urabeños, el Ejército
Revolucionario Popular
Anticomunista de Colombia (ERPAC) y Las Águilas
Negras, tras un proceso de
reconfiguración, ampliación y consolidación en varias
regiones del país.
10. Estos grupos no son
homogéneos desde el punto de vista de su motivación,
estructura y modus operandi. Muchos de ellos se dedican
solo a actividades
delictivas, mientras que otros
operan de modo semejante a las antiguas
organizaciones paramilitares.
Algunos de estos grupos tienen estructuras y líneas de
mando militares, son capaces de
ejercer control territorial y sostener operaciones de
tipo militar, y su orientación
política e ideológica es similar a la de las antiguas
AUC. Otros han demostrado su
capacidad de mutación y, en algunos casos, incluso
operan en conjunto, formando
alianzas con otros grupos armados que surgieron
después de la desmovilización de
las organizaciones paramilitares, o con grupos
guerrilleros, lo que con
frecuencia es causa de violencia. Durante el período que
abarca el informe, no se produjo
ninguna desmovilización colectiva o a gran escala
de las guerrillas u otros grupos
armados, aunque sí desmovilizaciones puntuales e
individuales de combatientes de
todos los grupos armados.
11. En un informe de la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la
situación en Colombia correspondiente a 2010
(A/HRC/16/22), se señaló el
incremento de la violencia generada por los grupos
armados surgidos tras la
desmovilización de las organizaciones paramilitares, y en
particular un aumento del 40% en
el número de masacres cometidas en el contexto
de disputas violentas entre esos
grupos y entre facciones de un mismo grupo. El
equipo de tareas ha documentado
ataques sistemáticos contra la población civil
atribuidos a esos grupos armados,
como amenazas, masacres, homicidios selectivos,
y reclutamiento y utilización de
menores y uso de minas terrestres.
12. El constante desplazamiento
de civiles en Colombia constituye una de las
principales características del
conflicto armado. Es el resultado de enfrentamientos
armados, asesinatos, masacres y
amenazas contra la vida, la seguridad y el bienestar
de las personas y las
comunidades, la presencia de minas terrestres, así como el
reclutamiento de menores, la
violencia sexual y la denegación de acceso a los
servicios básicos. Según datos
del Gobierno, de 1997 a
mayo de 2011 se registraron
3.700.381 desplazados internos,
mientras que durante el período que abarca el
informe se registraron 294.470
nuevos desplazados internos, el 51% de ellos
menores (69.427 niñas y 72.329
niños). De acuerdo con las estimaciones de fuentes
no gubernamentales, el número
total de desplazados internos es considerablemente
mayor, dadas la falta de un
registro exhaustivo y las dificultades que se plantean en
la gestión de la información.
ejercer plenamente su
jurisdicción de conformidad con el artículo 124 del Estatuto
de Roma, una vez expirado el
período de reserva concedido al Gobierno respecto de
los crímenes de guerra.
III. Violaciones graves de los derechos de los
niños
A. Reclutamiento y utilización de niños
14. El reclutamiento y la
utilización de niños por grupos armados
no estatales
están muy generalizados y son
sistemáticos. Si bien se desconoce su naturaleza y
magnitud exactas, el equipo de
tareas ha registrado un aumento de los casos. Según
información recibida por el
equipo de tareas, los grupos armados no estatales siguen
teniendo un significativo número
de menores en sus filas. Si bien las guerrillas
tienden a reclutar niños
principalmente en zonas rurales, otros grupos armados no
estatales, como Los Rastrojos o
Los Urabeños, los reclutan en su mayoría en áreas
urbanas. Los menores de origen
indígena y afroamericano están particularmente
expuestos al reclutamiento y la
utilización por parte de todos los grupos armados no
estatales. Durante el período que
abarca el informe, se comprobó que se reclutaban
niños de apenas 9 y 10 años.
También se confirmó que se amenazó a niños de 8 años
con ser reclutados.
15. Durante el período examinado,
el equipo de tareas verificó 343 casos de
reclutamiento y utilización de
niños en 23 de los 32 departamentos del país,
incluidas la región de la costa
del Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del
Cauca), la región de la costa del
Caribe (Bolívar, Cesar, Córdoba, La
Guajira ,
Magdalena), las zonas fronterizas
(Arauca, Caquetá, Norte de Santander, Putumayo,
Santander, Vaupés), así como el
centro de Colombia (Antioquia, Caldas,
Cundinamarca, Guaviare, Huila,
Meta, Risaralda y Tolima).
16. Durante el período que abarca
el informe, las FARC-EP continuaron con el
reclutamiento de menores, incluso
de niñas. Según los informes, las FARC-EP
reclutaron y amenazaron con
reclutar a niños en 121 municipios de 22
departamentos en la región de la
costa del Caribe (Antioquia, Bolívar,
Córdoba y
Magdalena), la región de la costa
del Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del
Cauca), las zonas fronterizas
(Arauca, Caquetá, Norte de Santander y Putumayo), y
el centro de Colombia
(Cundinamarca, Guaviare, Meta y Tolima). Por ejemplo, en
Cauca, en agosto de 2009, dos
niñas indígenas de 11 y 15 años de edad y un niño de
15 años fueron reclutados por las
FARC-EP. En enero de 2010, durante el
bombardeo de tres campamentos de
las FARC-EP por parte de las Fuerzas Militares
de Colombia en Putumayo, un niño
de 10 años relacionado con las FARC-EP resultó
muerto y otros dos de 16 años,
también vinculados al grupo armado, resultaron
heridos. En mayo de 2011, en un
municipio de Antioquia, 15 niños fueron
reclutados por las FARC-EP y 13
por el ELN, en dos incidentes distintos.
17. Se tiene constancia de que
las FARC-EP llevan un censo de menores para
posteriormente reclutarlos en
algunos departamentos. Por ejemplo, en febrero de
2010, miembros de las FARC-EP
convocaron una reunión de una comunidad local
en Antioquia durante la que
realizaron un censo de niños e informaron a la
comunidad de que volverían para
reclutar a todos los niños mayores de 8 años. Se
denunciaron casos similares en
Chocó y Putumayo. Las FARC-EP utilizan a los
niños con varios propósitos, a
saber, como porteadores, para fabricar y colocar
minas terrestres, para comprar
medicinas y para realizar tareas de inteligencia.
Asimismo, se ha dado el caso en
que un menor fue utilizado como “terrorista
suicida”: en marzo de 2010, en
Nariño, las FARC-EP usaron a un niño de 12 años
para portar explosivos; cuando
este se aproximó a la comisaría de policía, los
explosivos fueron detonados por
control remoto y el niño estalló por los aires.
18. Se confirmaron casos de
reclutamiento y de amenazas de reclutamiento o
utilización de niños por parte
del ELN en 55 municipios de ocho departamentos,
concretamente a lo largo de la
frontera venezolana (Arauca, Norte de Santander y
Santander) y en los departamentos
de la costa (Bolívar, Cauca, Chocó, Magdalena y
Nariño). En enero de 2009, en
Antioquia, 30 niños de edades comprendidas entre 10
y 17 años fueron reclutados a
petición del ELN por Los Rastrojos, grupo armado no
estatal que surgió tras la
desmovilización de las organizaciones paramilitares. En
mayo de 2010, en el departamento
del Cesar, miembros del ELN reclutaron a un
niño de 12 años al que mataron
posteriormente.
19. Se llevaron a cabo campañas
de reclutamiento en las escuelas con el objetivo
de convencer a los niños para que
colaboraran como informantes o se alistaran en
los grupos armados no estatales.
En abril de 2010, en Chocó, el ELN intentó reclutar
a dos niños indígenas de 13 y 14
años en el patio de recreo de una escuela. Un
maestro intervino para impedir
que los reclutaran. Los niños y el maestro tuvieron
que huir para evitar represalias.
En octubre de 2010, en Antioquia, 20 adolescentes
de edades comprendidas entre 14 y
17 años y cuatro maestros fueron capturados en
una escuela y retenidos por
miembros del ELN, que pretendía reclutarlos.
20. En 128 municipios de 23
departamentos, en particular en Antioquia, Atlántico,
Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar,
Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La
Guajira ,
Magdalena, Meta, Nariño, Norte de
Santander, Putumayo, Sucre y Valle del Cauca,
se denunciaron reclutamientos y
amenazas de reclutamiento de menores por parte de
los grupos armados no estatales
que surgieron después de la desmovilización de las
organizaciones paramilitares. En
abril de 2010, en Antioquia, unos 30 niños fueron
reclutados por Los Rastrojos y
vendidos al ELN. En junio de 2009, en Meta, el
ERPAC reclutó a un menor. En ese
mismo año, se confirmó mediante informes que
al menos otros seis niños fueron
reclutados por el ERPAC en el mismo
departamento. En agosto de 2010,
el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría
del Pueblo de Colombia emitió una
alerta urgente sobre la presencia en Córdoba de
Las Águilas Negras, Los Paisas y
Los Rastrojos, que cometieron masacres y
amenazaron y reclutaron a niños
en la región, en especial entre las comunidades
indígenas. En febrero de 2011, en
Antioquia, al menos 13 menores fueron reclutados
por varios de estos grupos, a
saber, Los Paisas, Los Rastrojos y Los Urabeños.
21. Los niños indígenas siguen
estando muy expuestos al reclutamiento por todos
los grupos armados no estatales.
En septiembre de 2009, el Relator Especial sobre la
situación de los derechos humanos
y las libertades fundamentales de los indígenas
señaló que los grupos armados
ilegales parecían desconocer por
completo los
estándares de derechos humanos y
los instó a suprimir la práctica del reclutamiento
y la vinculación de niños y niñas
indígenas (A/HRC/12/34/Add.9). En su informe
anual correspondiente a 2010 el
Observatorio del Programa Presidencial de
Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario informó de que se había
producido un aumento de los casos
de reclutamiento forzado de niños indígenas
sikuani y guayabero en el
departamento de Guaviare. En 2010, al menos 16 menores
indígenas fueron reclutados por
el ELN en Chocó. El Comité de los Derechos del
Niño, en el examen que realizó el
4 de junio de 2010 del informe inicial presentado
por Colombia en virtud del
Protocolo facultativo de la
Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a la
participación de niños en los conflictos armados
(CRC/C/OPAC/COL/CO/1), expresó
profunda preocupación porque los niños
afrocolombianos y los niños
indígenas fueran especialmente vulnerables a las
matanzas o los desplazamientos
forzados al negarse a ser reclutados, ya que sus
comunidades a menudo se veían
afectadas por el conflicto armado. Entre enero y
marzo de 2011, las FARC-EP
reclutaron al menos a tres niños indígenas en Caquetá.
En junio de 2011, en el
departamento de Cauca, el Ejército Nacional de Colombia
entregó al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar a dos menores que habían
sido reclutados por las FARC-EP.
Durante el período que se examina, se
denunciaron otros casos de
reclutamiento de niños indígenas por grupos armados en
los departamentos de Cauca,
Córdoba, La Guajira ,
Guaviare, Nariño y Vaupés.
22. Se documentaron incidentes
relacionados con la utilización de menores para
tareas de inteligencia por
miembros de las Fuerzas Militares de Colombia, en
contravención del Código Penal de
Colombia y el Código de la
Infancia y la
Adolescencia (Ley núm. 1098) y
las Directivas del Ministerio de Defensa Nacional.
Según se informó, en febrero y
marzo de 2009, en Valle del Cauca, miembros del
Ejército Nacional de Colombia
ofrecieron comida a unos niños para obtener
información sobre la presencia de
grupos armados en las zonas rurales. En mayo de
2010, en Chocó, se informó de que
una niña de 13 años había sido utilizada como
informante por efectivos del
Ejército en una operación militar que duró tres días. La
utilización de niños para recabar
información por parte del personal militar puede
comprometer los derechos de los
menores, provocarles mayor angustia y poner en
peligro su seguridad al
exponerlos a las represalias de otros grupos.
23. Siguen constituyendo motivo
de preocupación los casos en que los miembros
de las Fuerzas Militares de
Colombia someten a interrogatorios a los niños
capturados por grupos armados no
estatales que han sido liberados por estos o que
han huido, así como el
incumplimiento del plazo de 36 horas para entregar a los
menores a las autoridades
civiles, como establece la legislación nacional. En febrero
de 2009, en Cesar, dos niñas de
una familia que se había desplazado dentro del país
por haber recibido amenazas de
reclutamiento de las FARC-EP fueron interrogadas
por miembros del Ejército
Nacional de Colombia, que pretendían obtener información
sobre el grupo. En mayo de 2009,
12 niños, 2 niñas y 94 adultos que habían sido
reclutados por Los Rastrojos se
entregaron a las Fuerzas Militares de Colombia en
Chocó y fueron trasladados a una
base militar en Antioquia, donde se les retuvo
durante 38 días. En enero de
2010, dos menores reclutados por las FARC-EP se
entregaron a las Fuerzas
Militares de Colombia y permanecieron detenidos en una
base militar durante cuatro días.
En agosto de 2010, en Meta, las Fuerzas Militares de
Colombia interrogaron a un niño
de 12 años sospechoso de pertenecer a un grupo
guerrillero para obtener
información sobre la presencia de guerrillas en la zona.
24. Si bien el Código de la Infancia y la Adolescencia prohíbe
la utilización de los
niños, las niñas y los
adolescentes en actividades militares, operaciones
psicológicas, campañas
cívico-militares y similares, las Fuerzas Militares de
Colombia siguieron utilizando a
los niños en actividades cívicas y militares, y
mantienen programas específicos
como el Club Lancitas, que tiene como objetivo
lograr un acercamiento entre el
ejército y la comunidad local. En julio de 2009, el
Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo
de Colombia advirtió con
preocupación sobre la petición
formulada por las Fuerzas Militares de Colombia
para que participasen menores en
los programas organizados por la Policía Cívica
Juvenil y el Club Lancitas fuera
del horario escolar en Meta. En diciembre de 2009,
600 niños de entre 6 y 12 años y
300 adolescentes participaron en Arauca en el
programa “Vacaciones Recreativas
Extremas”, que incluyó visitas a las brigadas
militares e interacción con los
soldados. Este tipo de actividades pone en peligro a
los niños y los expone a las
consiguientes represalias de los miembros de los grupos
armados.
25. Como reconocen la Corte Constitucional
de Colombia y el Consejo Nacional
de Política Económica y Social
respecto de la prevención del reclutamiento
(CONPES 3673, 2010), el
reclutamiento de menores y el desplazamiento dentro del
país están íntimamente
relacionados. En septiembre de 2009, la amenaza de
reclutamiento fue incluida como
causa de desplazamiento en el Registro
Único de
Población Desplazada. En muchas
ocasiones, el desplazamiento es la única opción
para las familias que intentan
evitar que sus hijos sean reclutados por los grupos
armados no estatales. De acuerdo
con la Comisión
de Seguimiento a la Política
Pública sobre Desplazamiento
Forzado de Colombia, en 2008, unas 2.600 familias
desplazadas denunciaron el
reclutamiento como causa de su desplazamiento. En
febrero de 2009, 10 familias se
desplazaron dentro del país por las amenazas que
recibieron de las FARC-EP, que
las acusó de ser informantes de las Fuerzas
Militares de Colombia. En mayo de
2010, en Antioquia, 11 niños y 2 niñas de entre
11 y 16 años se desplazaron
dentro del país para evitar que las FARC-EP y otros
grupos armados no estatales los
reclutasen. En marzo de 2011, en Meta, dos familias
se vieron obligadas a desplazarse
después de que las FARC-EP las amenazaran con
reclutar a sus hijos.
B. Muerte y mutilación de niños
26. Durante los combates, como
consecuencia de los ataques indiscriminados, las
minas terrestres y las municiones
sin detonar, se sigue matando y mutilando a niños.
Los grupos armados no estatales
fueron los autores de la mayor parte de las
matanzas y mutilaciones de
menores en al menos 10 departamentos:
Antioquia,
Arauca, Bolívar, Cauca, Cesar,
Córdoba, Meta, Nariño, Putumayo y Santander.
Según el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, las
circunstancias y los responsables
de esas graves violaciones se documentaron tan
solo en el 5% (128) de los casos,
de los cuales 97 estaban relacionados con la
muerte de niños en 2009 y 2010
como consecuencia de lo que el Instituto calificó de
“violencia sociopolítica”.
27. Se denunciaron casos de
menores que resultaron muertos en ataques de las
FARC-EP. En enero de 2009, por
ejemplo, tres niños murieron en un ataque lanzado
por las FARC-EP contra una
localidad de Nariño. En Cauca, en mayo de 2010, un
niño de 5 años fue muerto cuando
las FARC-EP atacaron a su madre, una consejera
municipal; en otro incidente,
ocurrido también en Cauca, un niño de 11 años y una
joven de 17 murieron en un
atentado con bomba perpetrado por las FARC-EP.
28. Asimismo, se confirmó que
otros grupos armados han matado y mutilado
niños. En enero de 2009, en
Cauca, un niño de 11 años, que había presenciado el
asesinato de su padre por el ELN,
murió presuntamente a manos de miembros de ese
grupo. En noviembre de 2009,
miembros de Los Rastrojos mataron a dos niñas de
14 y 15 años por negarse a matar
al alcalde de un municipio de Antioquia. En marzo
de 2010, en Córdoba, integrantes
de Los Urabeños acabaron con la vida de una
joven de 17 años por resistirse
cuando iba a ser violada. En abril de 2010, también
en Córdoba, miembros de Los
Rastrojos mataron a dos niños y una niña. En agosto
de 2010, en Meta, una adolescente
de 15 años murió apuñalada a manos del ERPAC.
En febrero de 2011, en Antioquia,
un grupo armado no identificado mató a tiros a un
niño de 10 años delante de su
madre, una líder comunitaria que también resultó
muerta posteriormente.
29. Los niños siguen siendo
víctimas de los combates entre las Fuerzas Militares
de Colombia y los grupos armados
no estatales. En marzo de 2011, en Cauca, cuatro
niños y una niña reclutados por
las FARC-EP murieron cuando el campamento
donde se encontraban fue
bombardeado por las Fuerzas Militares de Colombia. En
junio de 2011, en Nariño, un niño
de 11 años fue muerto y tres menores de 9, 10 y
11 años resultaron heridos en un
ataque de las FARC-EP contra la policía. En
septiembre de 2009, en el
departamento de Cauca, un Hogar Infantil del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar
recibió varios impactos de ametralladora de un
helicóptero de las Fuerzas
Militares de Colombia durante un enfrentamiento armado
con las FARC-EP. Los disparos
alcanzaron a una niña de 3 años a la que se le tuvo
que amputar una pierna. En abril
de 2010, en Cauca, una maestra y su bebé
resultaron heridos en el fuego
cruzado entre el ejército y las FARC-EP. En mayo
de 2010, en Guaviare, en el fuego
cruzado que se generó en respuesta al ataque de
un francotirador de las FARC-EP,
resultaron heridos tres niños en una escuela.
30. Según el Observatorio del
Programa Presidencial de Derechos Humanos y
Derecho Internacional
Humanitario, en 2009 y 2010, 330 personas, incluidos 27
menores (20 niños y 7 niñas)
murieron en 68 masacres perpetradas por grupos
armados no estatales en 16
departamentos del país, principalmente en Antioquia,
Arauca, Córdoba, Nariño y Valle
del Cauca. Entre enero y junio de 2011 el
Observatorio informó de que las
masacres habían aumentado un 29% con respecto
al año anterior y que a octubre
de 2011 se habían perpetrado 32 masacres. Las
comunidades indígenas awá de
Nariño se han visto particularmente afectadas, ya
que viven en una zona de cultivo
y tráfico de drogas donde tienen presencia los
grupos armados. Entre febrero y
septiembre de 2009, al menos nueve menores de la
comunidad indígenas awá murieron
en masacres perpetradas por las FARC-EP. En
noviembre de 2009, en Nariño, dos
niños y otras cinco personas de la comunidad
indígena awá murieron quemados
cuando las FARC-EP incendiaron un autobús
interurbano. En abril de 2010, en
Cauca, cinco miembros de una familia indígena,
incluidos dos niños de 2 y 8
años, fueron muertos, presuntamente por Los Rastrojos.
31. Si bien la información
proporcionada por el Gobierno indica que parece haber
disminuido el número de
ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de
seguridad colombianas, se denunciaron
algunos casos. A fecha de agosto de 2011, la
Fiscalía General de la Nación había registrado 2.788 casos de ejecuciones
extrajudiciales en 29
departamentos. En marzo de 2010, en Huila, un niño reclutado
por las FARC-EP, que había
resultado herido durante enfrentamientos con las
fuerzas nacionales de Colombia,
fue presuntamente ejecutado más tarde por
miembros de esas fuerzas.
32. Las minas terrestres y las
municiones sin detonar siguen teniendo graves
consecuencias para la población
civil, incluidos los niños. De acuerdo
con el
Programa Presidencial para la Acción Integral
contra las Minas Antipersonal,
durante el período que se examina
116 menores (22 niñas y 94 niños) fueron
víctimas de las minas terrestres
y las municiones sin detonar. Se estima que la
magnitud del problema es mucho
mayor, dado que muchas víctimas no
denuncian
los accidentes. Se informó de la
existencia de minas terrestres principalmente en
12 departamentos: Antioquia,
Arauca, Cauca, Caquetá, Córdoba, Guaviare, Meta,
Nariño, Norte de Santander,
Putumayo, Tolima y Valle del Cauca. La población
indígena se vio muy afectada,
sobre todo en los departamentos de Cauca y Guaviare.
En julio de 2009, en Meta, un
niño murió y dos resultaron gravemente heridos al
manipular un artefacto explosivo
en un polígono de tiro perteneciente a un batallón
del Ejército Nacional de
Colombia.
33. Se siguen colocando minas
terrestres, principalmente por parte de las FARCEP y el ELN. En
abril de 2009,
en Arauca, de acuerdo con la
Defensoría del Pueblo de Colombia, una mina
terrestre
provocó la muerte de un niño de 8 años e hirió a otro de 6. En mayo de 2010, en
dos sucesos distintos en Antioquia y Cauca, un niño y una niña de 12 años resultaron
heridos
por minas terrestres, presuntamente colocadas por las FARC-EP. En
agosto de 2010,
en Arauca, un menor de 12 años perdió las dos piernas en un
accidente provocado por una mina
terrestre.
Posteriormente, las FARC-EP
cobraron dinero a su familia para sufragar la mina.
34. En Colombia, un significativo
número de actos de violencia sexual cometidos
contra niños siguen sin
denunciarse. No existe una recopilación sistemática de
información ni registros
oficiales del número de casos de violencia sexual
perpetrada contra los niños.
Muchas víctimas o sus familias no denuncian los abusos
por miedo a las represalias de
los autores o por falta de confianza en los sistemas de
justicia o protección del Estado.
Las víctimas y sus familias a menudo no conocen
ni comprenden los procedimientos
y mecanismos establecidos para hacer frente a
estas violaciones, ni tienen
acceso a ellos.
35. Las niñas reclutadas por los
grupos armados no estatales o vinculadas a ellos
con frecuencia son víctimas de
graves y repetidos actos de violencia sexual. A
menudo se las obliga a mantener
relaciones sexuales con adultos a una edad
temprana y a abortar si se quedan
embarazadas. En algunas ocasiones también se las
obliga a usar métodos
anticonceptivos inapropiados y perjudiciales para la salud.
En 2009, se recibió información
de que las FARC-EP obligaron a abortar a niñas
embarazadas en Cauca.
36. En 2010, en Putumayo, un
grupo de cuatro hombres provistos de armas
pertenecientes a un grupo armado
no estatal no identificado agredieron sexualmente
a dos jóvenes de 17 años. En
agosto de 2010, en Meta, una adolescente de 14 años
fue muerta por miembros del ERPAC
después de ser torturada, violada y mutilada
por sus agresores, quienes le
cortaron los senos. Como consecuencia de ello, la
familia de la víctima se
desplazó. En marzo de 2011, en Nariño, una joven de 17
años fue violada, torturada,
obligada a limpiar un lugar público desnuda y a comer
excrementos por miembros de Los
Rastrojos, quienes finalmente la mataron delante
de la comunidad y advirtieron de
que ese sería el procedimiento de represalia que
seguirían contra quienes
presentasen denuncias.
37. El conflicto armado también
ha puesto a los niños en peligro de sufrir
explotación sexual. En mayo de
2009, en Putumayo, miembros de Los Rastrojos
ofrecieron dinero a las
estudiantes de una escuela para niñas a cambio de mantener
con ellas relaciones sexuales. En
2011, en Guaviare, niños de las comunidades
indígenas, en su mayoría niñas de
edades comprendidas entre 12 y 14 años, fueron
sometidos a repetidas violaciones
y a explotación sexual por parte de grupos
armados.
38. Asimismo, se han recibido
denuncias de casos de violencia sexual perpetrada
por miembros de las Fuerzas
Militares de Colombia y de la policía. En agosto de
2009, en Guaviare, una niña
indígena de 5 años fue víctima de abusos sexuales
presuntamente cometidos por un
integrante de las Fuerzas Militares de Colombia.
Durante el mismo mes, en
Antioquia, dos menores de 15 años fueron violadas y
agredidas, al parecer por un
miembro de las Fuerzas Militares de Colombia. En abril
de 2010, en Arauca, una
adolescente de 14 años fue violada, según se informó, por
un efectivo de las Fuerzas
Militares de Colombia. Otra menor de 13 años fue
violada cerca de su escuela,
presuntamente por miembros de las Fuerzas Militares
de Colombia, que se encontraban
por la zona de la escuela. En octubre de 2010, en
Arauca, al parecer dos niñas
fueron violadas en repetidas ocasiones por un miembro
de las Fuerzas Militares de
Colombia, quien más tarde mató a una de las niñas y a
sus dos hermanos. El militar
presuntamente violó a uno de los niños antes de
matarlo. S/2012/171
12-25353 11
D. Ataques contra escuelas y hospitales
39. En el período examinado en el
informe, el equipo de tareas documentó casos
de escuelas que fueron atacadas
durante los enfrentamientos entre las Fuerzas
Militares de Colombia y grupos
armados no estatales. Por ejemplo, en febrero de
2010, en el departamento de
Nariño, los miembros de las FARC-EP entraron por la
fuerza a una escuela rural, donde
una comunidad indígena estaba celebrando una
reunión. Posteriormente, miembros
de las Fuerzas Militares de Colombia atacaron a
las FARC-EP en el interior de la
escuela, lo que tuvo como consecuencia el
desplazamiento de 300 miembros de
la comunidad indígena, de quienes ambas
partes sospechaban que apoyaban
al otro bando. En junio de 2010, explotó en una
escuela rural de Cauca una bomba
presuntamente dirigida a las Fuerzas Militares
de Colombia, algunos de cuyos
miembros se encontraban dentro de la escuela en ese
momento. En agosto de 2010, también
en Cauca, varias escuelas sufrieron ataques y
nueve maestros recibieron
amenazas de las FARC-EP. Si bien los atentados contra
los hospitales no son tan
frecuentes como los atentados contra las escuelas, en
septiembre de 2009 se denunció un
ataque de las FARC-EP contra un hospital en
Cauca.
40. Algunas escuelas sufrieron
daños durante los enfrentamientos armados, que
pusieron a los alumnos en
peligro, especialmente en Cauca. En febrero de 2009, en
Guaviare, dos niños y una niña
que asistían a clase resultaron heridos como
consecuencia de disparos
efectuados por las Fuerzas Militares de Colombia que
respondían al ataque de un
francotirador de las FARC-EP. En mayo de
2009, en
Cauca, un niño de 11 años murió
en el patio de una escuela como consecuencia de
una bala perdida presuntamente
disparada por miembros de las Fuerzas Militares de
Colombia durante una operación
contra las FARC-EP. En mayo de 2010, también en
Cauca, los enfrentamientos entre
las FARC-EP y las Fuerzas Militares de Colombia
llevaron al menos a tres
comunidades indígenas a suspender las clases
indefinidamente. En octubre de
2010, también en Cauca, dos niñas de 13 y 15 años
y una maestra resultaron heridas
en un tiroteo entre las FARC-EP y las Fuerzas
Militares de Colombia.
41. Los grupos armados no
estatales también han dirigido sus ataques contra
maestros, sembrando miedo en las
comunidades, lo que ha forzado a los niños a
abandonar la escuela y ha
obligado a veces a las escuelas a cerrar sus puertas. En
junio de 2009, en Arauca, un
maestro indígena fue muerto por miembros de las
FARC-EP, que le dispararon
delante de sus alumnos. Consiguientemente, toda la
comunidad indígena fue desplazada
dentro del país. Según el Observatorio del
Programa Presidencial de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario
en 2010 fueron muertos 22
maestros en 10 departamentos. En su informe anual de
2010, el Observatorio señaló que
grupos armados no estatales, entre ellos las FARCEP,
Los Rastrojos, Los
Urabeños y Los Paisas, habían amenazado a maestros por
liderar iniciativas comunitarias
de rechazo a la violencia sexual y el reclutamiento
forzado de niños. Según el
Observatorio, el liderazgo social y comunitario de los
maestros hizo que los grupos
armados ilegales los acusaran de colaborar con el otro
bando. Entre febrero y abril de
2010, en Cauca, fueron muertos dos maestros,
presuntamente por miembros de las
FARC-EP. Posteriormente, todos los maestros
de una zona rural de ese
departamento recibieron amenazas de las FARC-EP. Los
maestros fueron desplazados
dentro del país, y 320 niños quedaron sin acceso a
educación.
42. Las minas terrestres y otras
municiones explosivas, que en algunos casos
fueron abandonadas en las
escuelas o cerca de ellas, siguen poniendo en peligro a
los niños. En junio de 2009, en
Huila, las FARC-EP minaron una zona a menos de
mayo de 2010, en Antioquia, se
minaron presuntamente los alrededores de una
escuela porque se había
establecido un centro de votación en su interior. En mayo de
2011, en Valle del Cauca, las
FARC-EP utilizaron una escuela como escudo para
atacar a las Fuerzas Militares de
Colombia y dejaron un campo minado que obligó a
suspender las clases durante más
de seis meses.
43. Asimismo, se denunciaron
varios casos de escuelas ocupadas por las Fuerzas
Militares de Colombia, así como
la presencia de unidades militares cerca de las
escuelas. En octubre de 2009, las
Fuerzas Militares de Colombia ocuparon una
escuela en Cauca y se informó que
los maestros, padres y otros miembros de la
comunidad las habían instado a
abandonarla. También se constató la presencia de
varios puestos de control militar
instalados en los alrededores de las escuelas. Por
ejemplo, en 2009 y 2010, en
Putumayo y Nariño, las Fuerzas Militares de Colombia
realizaron controles en vehículos
cerca de las escuelas. En agosto de 2010, un grupo
de soldados de las Fuerzas
Militares de Colombia ocupó una escuela en el Valle del
Cauca. En abril de 2011, en el
departamento de Cauca, 300 niños quedaron
atrapados en un enfrentamiento
entre las FARC-EP y las Fuerzas Militares de
Colombia, que habían instalado
sus carpas en el campo de fútbol de la escuela.
44. También se denunciaron
amenazas contra el personal médico y restricciones a
la prestación de servicios de
salud. En abril de 2009, en el departamento de Arauca,
grupos armados no estatales amenazaron
a los administradores de un centro de
salud, causando el desplazamiento
de estos últimos y la suspensión de las
actividades del hospital. En mayo
de 2009, en una zona rural del Norte de
Santander, las FARC-EP atacaron
una ambulancia que transportaba a un hombre
herido y la obligaron a
detenerse. Después de este incidente se suspendió la atención
médica en la zona. En enero de
2011, en Arauca, un equipo médico del hospital
público local fue interceptado
por un grupo armado no identificado que robó su
vehículo. En junio de 2011, en el
departamento de Guaviare, el personal de salud de
una organización no gubernamental
internacional fue detenido durante dos días por
las FARC-EP cuando realizaba una
misión de seguimiento con las comunidades
indígenas.
E. Denegación de acceso humanitario
45. Las restricciones al acceso
de la asistencia humanitaria como consecuencia de
la actividad de los grupos
armados no estatales, la presencia de minas terrestres y
municiones sin detonar y la
continuación de las hostilidades siguieron teniendo un
efecto negativo en la prestación
de dicha asistencia, incluso por parte de las
organizaciones no
gubernamentales, y el acceso a servicios básicos, especialmente
en Antioquia, Arauca, Cauca,
Caquetá, Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Córdoba,
Nariño y Norte de Santander.
46. Asimismo, se ha expresado
preocupación porque la aplicación del Plan
Nacional de Consolidación,
mediante el cual se busca lograr el control militar de las
zonas en conflicto que se
encuentran fuera del control del Estado, establecer
instituciones de gobernanza civil
y prestar servicios públicos con un enfoque cívico
militar, en algunos casos ha
puesto en peligro el acceso de la asistencia humanitaria
y la neutralidad y ha hecho que
las poblaciones civiles se vuelvan más vulnerables a
las represalias. Por ejemplo, en
junio de 2009, en Antioquia, las FARC-EP
amenazaron con atacar a una
comunidad rural si aceptaba los beneficios de las
actividades cívico militares
llevadas a cabo por las Fuerzas Militares de Colombia
en la zona. En agosto de 2009, en
Nariño, las FARC-EP declararon que las medidas
cívico militares adoptadas en el
marco del Plan Nacional de Consolidación eran
parte de una estrategia de
contrainteligencia que recibía apoyo internacional y que
constituían un objetivo militar.
En julio de 2011, las FARC-EP declararon que un
programa de asistencia
humanitaria de las Naciones Unidas que se llevaba a cabo en
el departamento de Nariño
constituía una iniciativa antisubversiva relacionada con
el Plan Nacional de
Consolidación.
47. El aislamiento de las
comunidades que es consecuencia tanto de las acciones
de agentes no estatales como
estatales afecta desproporcionadamente a los niños y
las poblaciones indígenas. Por
ejemplo, en abril de 2010, en Chocó, una comunidad
indígena embera quedó aislada
durante 10 días a raíz de los enfrentamientos
armados producidos entre el ELN y
las Fuerzas Militares de Colombia.
48. En el período que se examina,
las FARC-EP impusieron “paros armados” que
prohibían la libre circulación de
bienes y personas y obligaban a la suspensión de
actividades económicas, en
particular en los departamentos de Arauca, Chocó y
Putumayo, lo que tuvo como
consecuencia que varios municipios quedarán aislados
sin acceso a asistencia
humanitaria y servicios básicos. En octubre de 2009, por
ejemplo, la imposición de un
“paro armado” por las FARC-EP resultó en la
suspensión total del transporte
terrestre en Arauca e impidió la entrega de alimentos
por una organización
humanitaria.
49. En algunos departamentos se
denunciaron restricciones a la circulación debido
a las actividades de las Fuerzas
Militares de Colombia. En julio de 2009, en las
zonas rurales de Antioquia, las
Fuerzas Militares de Colombia
restringieron la
cantidad de alimentos que podía
transportar cada familia. En noviembre de 2010,
como consecuencia de las
operaciones de esas mismas fuerzas en Nariño, la
presunta presencia de restos
explosivos de guerra limitó la capacidad de las
organizaciones humanitarias de
llegar a las poblaciones afectadas. Los puestos de
control instalados por las
Fuerzas Militares de Colombia también han restringido la
cantidad de alimentos, gasolina y
fertilizantes que la población civil puede
transportar a las comunidades
rurales en ciertas zonas de Cauca, Nariño, Putumayo
y Valle del Cauca.
F. Secuestros
50. La información sobre
secuestros, especialmente los de niños, es muy limitada.
No obstante, durante el período
examinado en el informe se documentaron varios
secuestros de niños. Por ejemplo,
en noviembre de 2009, en Antioquia, las FARCEP secuestraron
a un niño de 13
años. En abril de 2010, en Arauca, una consejera y
su hija de 14 años fueron
mantenidas en cautiverio durante tres días. En mayo de
2010, en Guaviare, escaparon dos
miembros de las FARC-EP, y se llevaron con ellos
a una niña de 15 años a quien el
grupo había mantenido secuestrada durante seis
meses. En mayo de 2011, en Nariño,
una niña indígena de 14 años, hermana de un
líder comunitario, fue
secuestrada y torturada durante cuatro días, presuntamente
por miembros de Los Rastrojos.
51. Según informaciones del
Observatorio del Programa Presidencial de Derechos
Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, entre 2001 y 2009 se produjo una
disminución del 51% en el número
total de secuestros denunciados, pero estos
aumentaron en un 32% en el
período comprendido entre 2009 y 2010. Según las
estadísticas del Gobierno, a
partir de enero de 2009 y hasta finales de 2010, 495
personas fueron secuestradas, 51
de las cuales eran niños. Se ha informado que de
esos 495 casos, las FARC-EP
fueron responsables de 145 secuestros, el ELN de 55 y
otros grupos armados no estatales
de 39. Los secuestros tuvieron lugar en 29 de los
32 departamentos, en particular
en Antioquia, Bogotá, Caldas, Casanare,
Cundinamarca, Valle del Cauca y
Vichada. Estas estadísticas no han sido
desglosadas por motivo o contexto.
IV. Seguimiento de las recomendaciones del
Secretario
General y respuestas
programáticas a las graves
violaciones de los derechos
humanos
Prevención de las graves violaciones de los derechos humanos
de los niños
52. El Gobierno se esforzó por
prevenir el reclutamiento y la utilización de niños
por grupos armados no estatales y
tomar medidas al respecto. En el período que
abarca el informe, la Comisión intersectorial
para la prevención del reclutamiento y
utilización de niños por grupos
armados no estatales llevó a cabo actividades de
promoción y prevención en 139
municipios de 32 departamentos. Las Naciones
Unidas apoyaron esos esfuerzos
reforzando la capacidad de la secretaría técnica de
Comisión también elaboraron
programas concretos para prevenir el reclutamiento.
53. El Gobierno ha adoptado
medidas para establecer y elaborar un marco de
políticas públicas sólido
orientado a la inclusión de los derechos de los niños, la
protección de los niños y la
prevención de su reclutamiento por grupos armados no
estatales en los planes de
desarrollo nacionales y locales. En julio de 2010, el
Consejo Nacional de Política
Económica y Social aprobó un documento marco
sobre la prevención del
reclutamiento de niños por grupos armados no estatales en
los planes de desarrollo
nacionales y locales (CONPES 3673). En ese documento se
expone la política del Estado
para prevenir el reclutamiento y se establecen
directrices para asignar y
distribuir los recursos públicos a los programas de
prevención del reclutamiento. Sin
embargo, todavía es necesario realizar más
esfuerzos por asegurar su
aplicación efectiva, su financiación y las sinergias con el
Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014, titulado “Prosperidad para todos”, que fue
aprobado en mayo de 2011.
54. El Plan Nacional de
Desarrollo establece la visión del Gobierno en materia de
desarrollo y contiene una
posición clara sobre ciertas cuestiones, como la protección
de los grupos vulnerables, la
cohesión social, la justicia y los esfuerzos orientados a
combatir la impunidad, prevenir
la violencia sexual y adoptar medidas respecto de
este tipo de violencia.
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55. De conformidad con las
responsabilidades de los gobiernos locales
establecidas en el Código de la Infancia y la Adolescencia en 2008,
hasta la fecha
seis departamentos (Antioquia,
Córdoba, Cundinamarca, Meta, Nariño y Putumayo)
han establecido, con la
contribución de los gobiernos municipales, la sociedad civil
y las Naciones Unidas, mecanismos
de coordinación a nivel local para prevenir el
reclutamiento, lo que representa
un avance en la prevención del reclutamiento y la
utilización de niños a nivel
local y regional. Varias organizaciones locales y no
gubernamentales también están
elaborando y ejecutando proyectos concretos para
prevenir el reclutamiento de
niños. Será fundamental que los funcionarios que
resultaron electos en las
elecciones locales de octubre de 2011 mantengan las
políticas y los acuerdos ya
establecidos sobre la protección de los niños afectados
por los conflictos armados.
56. En 2011 el Ministerio de
Relaciones Exteriores trabajó en un programa de
prevención centrado en 29
municipios que son especialmente vulnerables al
reclutamiento de niños por grupos
armados no estatales. Se prevé que en los
próximos meses se ejecutarán
varios proyectos que harán hincapié en actividades
sociales, educativas, recreativas
y de capacitación para prevenir el reclutamiento de
niños y jóvenes en zonas
peligrosas. Por su parte, el Ministerio de Educación ha
venido dando seguimiento a la
situación de los maestros que han sido amenazados
por grupos armados no estatales y
los ha reubicado. De los 600 maestros que
recibieron amenazas, 282 fueron
reubicados temporalmente, 38 salieron del país y
35 están en espera de que la Policía Nacional
realice una evaluación del riesgo que
corren.
intersectorial debería fortalecer
su papel de coordinación y liderazgo, asegurando la
sostenibilidad financiera y la
capacidad institucional de las iniciativas que lleva a
cabo. También es necesario que se
adopten medidas adicionales para que se preste
asistencia y protección inmediata
a los niños especialmente vulnerables.
Reintegración y protección de los niños
58. El Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, con el apoyo técnico
de las
Naciones Unidas, siguió
ejecutando un programa para la protección y la
reintegración de los niños que
han sido separados de grupos armados no estatales.
Desde 1999, ha prestado
asistencia a un total de 4.681 niños. En el período
examinado, participaron del
programa 881 niños.
59. Un problema relacionado con
los programas relativos a las actividades del
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar es el acceso que se da a los niños que
han sido separados de los grupos
armados no estatales que surgieron después de la
desmovilización de las
organizaciones paramilitares. Los niños que han sido
separados de esos grupos no han
recibido la misma asistencia para su reintegración;
en vez de ello, algunos han sido
remitidos por la
Fiscalía General al poder judicial
por su asociación con lo que el
Gobierno considera bandas criminales.
Adopción de medidas relativas a la impunidad y las reparaciones
60. En junio de 2011 fue aprobada
la Ley de
víctimas y de restitución de tierras,
que se considera un hito
importante en lo que respecta al ofrecimiento de
reparaciones a las víctimas de
conflictos. En la Ley
se incluye un capítulo especial
sobre la atención a los
huérfanos, los niños que han sido víctimas del reclutamiento
y los afectados por las minas
terrestres. El pago efectivo de
reparaciones es
especialmente difícil en el
contexto de un conflicto armado que no ha concluido,
dada la presencia de grupos
armados no estatales en las zonas en las que se
formularían las reclamaciones. Es
lamentable que estas reparaciones no se apliquen
a los niños que fueron separados
durante el proceso de desmovilización de las AUC
ni a los adultos que, habiendo
sido víctimas de reclutamiento cuando eran niños, no
pudieron ser desmovilizados antes
de cumplir los 18 años.
61. Entre 2008 y octubre de 2011
se dictaron seis decisiones judiciales en el
contexto del mecanismo de
justicia de transición establecido por la Ley de justicia y
paz. Al 31 de agosto de 2011, la Unidad Nacional de
Fiscalías para la Justicia
y la
Paz de la Fiscalía General
de la Nación
había registrado un total de 1.448 casos en
los que se había confesado el
reclutamiento y la utilización de niños; de esos casos
se identificaron 2.215 niños como
víctimas. Se formularon en total 433 cargos de
reclutamiento ilícito de menores,
en los que se registraron como víctimas 666 niños
(no todos figuran únicamente como
víctimas del reclutamiento y la utilización de
menores). Hasta la fecha, solo se
ha dictado una sentencia en relación con el
reclutamiento de niños, en abril
de 2011. Es necesario redoblar los esfuerzos por
luchar contra la impunidad en
relación con las violaciones graves de los derechos
humanos y los delitos cometidos
contra los niños.
62. Dado que los mecanismos de
reparación judicial no son tan eficaces como se
había previsto, en 2008 el
Gobierno dictó el decreto núm. 1290, en que se establecía
un programa de dos años para
proporcionar reparación a las víctimas mediante un
proceso administrativo. En 2009 y
2010, con el programa se indemnizó a 26.375 de
las más de 280.000 víctimas
registradas, entre ellas 403 niños que habían sido
separados de grupos armados no
estatales.
63. Se iniciaron acciones
judiciales contra grupos paramilitares que estuvieron
activos entre 1999 y 2006. En
febrero de 2009, en la región de Sierra
Nevada de
Santa Marta, la Fiscalía General
de la Nación
interpuso acciones judiciales contra
un exparamilitar por haber tenido
19 hijos con adolescentes que tenían menos de 18
años cuando nacieron sus hijos.
En agosto de 2011, en Norte de Santander, se
entablaron acciones judiciales
contra otro paramilitar por delitos de tortura y
esclavitud sexual de los que
fueron víctimas al menos 25 mujeres y niñas.
64. El Sistema de Alertas
Tempranas de la Defensoría del Pueblo
detecta
situaciones de riesgo y las
informa a la Comisión Intersectorial
de Alertas
Tempranas que coordina el
Ministerio del Interior y de Justicia. La Comisión evalúa
la necesidad de emitir una alerta
temprana y establece las medidas que deben
adoptar las distintas
instituciones. Sin embargo, no todos los informes de riesgo
conducen a una alerta temprana.
En el período examinado, el Sistema de Alertas
Tempranas detectó 118 situaciones
de riesgo relacionadas con el reclutamiento y la
utilización de niños en 155
municipios de 24 departamentos del país. La Comisión
emitió una alerta temprana en
solo 46 de esas situaciones.
Desarrollo de la capacidad y formación orientadas a la protección
de los niños
65. En 2009 las Fuerzas Militares
de Colombia, con el apoyo de las Naciones
Unidas, establecieron un programa
de capacitación para su personal sobre los
derechos de los niños y el
derecho internacional humanitario. Una dependencia de
derechos humanos del ejército
colombiano y algunas instituciones académicas han
impartido cursos de formación
sobre derecho internacional humanitario dirigidos a
17.200 miembros del ejército y la
policía de Colombia. Otras 60.000 personas
recibieron información sobre las
normas mínimas para la protección de los niños. Es
necesario realizar mayores
esfuerzos por asegurar la aplicación efectiva de las
normas internacionales relativas
a los niños y la protección de estos en el contexto
de los conflictos armados. Como
resultado del Convenio Interadministrativo de
Colaboración firmado por el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el
Ejército Nacional en 2009, unos
2.500 miembros del ejército y la policía recibieron
capacitación sobre la protección
de los niños, que se centró en los procedimientos
para atender a los niños
desvinculados de los grupos armados no estatales.
66. El Gobierno y el Estado han
adoptado medidas para afrontar la
violencia
sexual perpetrada por parte de su
personal, por ejemplo, capacitando a la Policía
Nacional y estableciendo y
aplicando disposiciones para prevenir la violencia sexual
cometida por las autoridades
militares y judiciales.
67. El Programa Presidencial para
la Acción Integral
contra las Minas
Antipersonal siguió coordinando
los programas de desminado, prestando apoyo a las
víctimas de las minas y creando
conciencia sobre el peligro que representan las
minas. En 2009 se estableció el
Programa Presidencial para la Acción Integral
contra Minas Antipersonal para el
período 2009-2019, que establece prioridades en
esta esfera y asigna recursos del
presupuesto nacional.
68. Cincuenta municipios de 20
departamentos establecieron planes de
información pública sobre el
riesgo que representan las minas antipersonal. Varias
organizaciones, con el apoyo de
organismos internacionales, comenzaron a realizar
campañas de información sobre el
peligro de las minas en las zonas más afectadas
del país, informando a alrededor
de 35.900 estudiantes y maestros sobre la
prevención de accidentes con
minas y municiones sin detonar.
69. Hasta la fecha, solo las
Fuerzas Militares de Colombia realizan tareas de
desminado. En 2009 y 2010, se desminaron
para uso civil 61 zonas de nueve
municipios que habían sido
minadas por grupos armados no estatales. Si bien se ha
avanzado sobre esta cuestión,
existen limitaciones para remover minas en el
contexto de un conflicto armado
que no ha concluido y en que los grupos armados
no estatales continúan colocando
minas incluso en zonas que ya han sido
desminadas. Por otra parte, la
participación de las comunidades en estos procesos de
remoción de minas constituye un
peligro considerable para su seguridad, sin contar
con que pueden ser objeto de
represalias por parte de grupos estatales no armados.
preocupan las condiciones de vida
de la población desplazada, que siguen
siendo
difíciles. En octubre de 2008, la Corte Constitucional
de Colombia ordenó al Estado
que estableciera medidas para
prevenir los desplazamientos y proteger los derechos
de los niños desplazados. En el
informe que presentó el Gobierno a la
Corte
Constitucional en marzo de 2011
se exponen, entre otras cosas, los avances
realizados en la aplicación del
programa “Mis derechos primero”, elaborado en
respuesta a esa orden de la Corte e impulsado por el
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar en nueve
departamentos.
S/2012/171
18 12-25353
V. Recomendaciones
71. Se hace un llamamiento a
todas las partes en Colombia para que pongan
fin a la comisión de graves
violaciones de los derechos de los niños, y al
respecto, se las urge a cumplir
el derecho internacional y las resoluciones del
Consejo de Seguridad relativas a
los niños y los conflictos armados, así como
las conclusiones del Grupo de
Trabajo del Consejo sobre los niños y los
conflictos armados. Asimismo, se
insta al Gobierno de Colombia a cumplir las
recomendaciones relativas a los
niños afectados por los conflictos
armados
formuladas por el Comité de los
Derechos del Niño, los Estados en el contexto
del examen periódico universal, y
la Oficina
del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos.
72. Observo con profunda
inquietud que en Colombia las FARC-EP, el ELN y
otros grupos armados no estatales
continúan cometiendo los seis tipos de
violaciones graves de los
derechos de los niños. Me preocupa que
esos grupos
sigan reclutando y utilizando
niños, y que se haya avanzado poco en la
separación efectiva y sistemática
de los niños de los grupos armados no
estatales. Las partes incluidas
en el anexo de mi informe anual sobre los niños y
los conflictos armados deben
elaborar planes de acción para poner fin
al
reclutamiento y la utilización de
niños, como lo dispone la resolución 1612
(2005) del Consejo de Seguridad.
Al respecto, insto al Gobierno a que vele por
que la separación de los niños de
esos grupos armados sea tratada como
cuestión sumamente prioritaria en
todo diálogo que se celebre. Las Naciones
Unidas están dispuestas a
proporcionar apoyo técnico en relación con la
separación sistemática de los
niños de los grupos armados que resulte de ese
diálogo.
73. Desde mi último informe, el
Gobierno de Colombia ha avanzado en la
prevención del reclutamiento y la
utilización de niños y la adopción de medidas
al respecto, por ejemplo,
mediante la elaboración de la política establecida en el
documento CONPES 3673. Con
respecto al futuro, insto al Gobierno a seguir
reforzando la coordinación, los
efectos y la sostenibilidad de sus iniciativas
para la protección de los niños,
en particular mediante la aplicación general de
su política de prevención del
reclutamiento y utilización de los niños, con
especial énfasis en la población
afrocolombiana y los pueblos indígenas.
74. En cuanto a las medidas
adoptadas en relación con los niños que hayan
sido separados de grupos armados
no estatales, se insta al Gobierno a redoblar
sus esfuerzos por aumentar la
reunificación de las familias, mejorar los
servicios de protección y
atención de los niños, prestar un sólido apoyo a la
reintegración y exigir cuentas
por los delitos cometidos contra los niños. Los
niños que han sido separados de
grupos que el Gobierno considera criminales
no deben ser remitidos al sistema
de justicia penal y, por el contrario, deben ser
tratados como víctimas y gozar de
la misma protección y asistencia en la
rehabilitación y reintegración
que los niños que hayan sido separados de
grupos guerrilleros.
75. En cuanto a la lucha contra
la impunidad, me preocupa que se haya
avanzado tan lentamente en hacer
comparecer ante la justicia a los
responsables de haber cometido
graves violaciones de los derechos de los niños
—especialmente a los responsables
de la violencia sexual. Insto al Gobierno a
seguir intensificando sus
esfuerzos al respecto, en particular, mediante la
investigación y el enjuiciamiento
oportunos, rigurosos y sistemáticos de todas
las causas de graves violaciones
de esos derechos y el intercambio de
información sobre su seguimiento.
Ni las fuerzas de seguridad del Estado ni los
grupos armados no estatales deben
evadir la rendición de cuentas. También
aliento a proteger efectivamente
a los niños que sean testigos o víctimas y a
ofrecer reparaciones, según
corresponda. Reitero mi llamamiento urgente al
Gobierno para que refuerce las
medidas adoptadas para poner fin de inmediato
a todas las ejecuciones
extrajudiciales, incluso de niños, y vele por que se
investigue debidamente a los
autores y se los castigue de conformidad con lo
dispuesto en la ley.
76. Estoy profundamente
preocupado por las persistentes violaciones y otras
formas de violencia sexual
cometidas por grupos armados, en particular contra
las niñas, e insto a esos grupos
a poner fin a esas prácticas inmediatamente.
77. Insto al Gobierno a velar por
que las autoridades militares elaboren una
política de tolerancia cero en
relación con la violencia y la explotación sexuales
cometidas por los miembros de las
Fuerzas Militares y la policía de Colombia.
Deben realizarse todos los
esfuerzos posibles por prevenir la comisión de esos
actos y, cuando ocurran,
adoptarse medidas oportunas para investigar,
enjuiciar y sancionar a los
responsables, protegiendo a su vez a las víctimas.
78. Se insta al Gobierno a
asegurar el estricto cumplimiento por parte de las
Fuerzas Militares de Colombia de
la prohibición establecida en el derecho
interno de utilizar a los niños
para tareas de inteligencia militar y de mantener
detenidos a los que se han
desvinculado de los grupos armados, así como de la
obligación de entregarlos a los
servicios civiles de protección de los niños en un
plazo de 36 horas. También insto
al Gobierno a velar por que las Fuerzas
Militares de Colombia, la Policía Nacional
y otras autoridades competentes
cumplan plenamente la legislación
y las directrices nacionales que prohíben la
participación de los niños en las
actividades cívico-militares que puedan dejar
expuestos a los civiles —en
particular a los niños— a la violencia o represalias
por las partes en el conflicto.
Se insta al Gobierno a examinar la aplicación de
su Plan Nacional de Consolidación
para evitar la adopción de medidas que
puedan hacer a los niños más
vulnerables a las violaciones de sus derechos, por
ejemplo, las operaciones que no
respetan claramente los principios de la
distinción entre civiles y
combatientes y la neutralidad en cuestiones
humanitarias.
79. Invito al Gobierno a velar
por que las autoridades estatales competentes
respondan de manera adecuada y
oportuna a los informes de riesgo publicados
por el Sistema de Alertas
Tempranas de la Defensoría
del Pueblo de Colombia a
fin de prevenir las graves
violaciones de los derechos de los niños en el contexto
de los conflictos armados.
80. Exijo que los grupos armados
pongan fin al uso de las minas terrestres y
otros artefactos explosivos y
dejen de matar y mutilar civiles, en particular a
los niños. Además, insto a los
grupos armados a ofrecer toda la información
necesaria para facilitar la
remoción de minas, de conformidad con las normas
internacionales sobre
desminado.S/2012/171
20 12-25353
81. Se insta al Gobierno a
ampliar su Programa de Acción Integral contra las
Minas Antipersonal, dando
prioridad a la adecuada atención de los niños que
sean víctimas y a la información
sobre el peligro que representan las minas, en
particular para los niños y sus
familias, en la mayoría de las zonas afectadas.
Insto al Gobierno a velar por que
las operaciones de desminado se lleven a cabo
con arreglo a los estándares
internacionales y se cumpla estrictamente con el
principio de distinción entre
civiles y combatientes y el de no causar perjuicios.
82. Insto a todas las partes a
abstenerse inmediatamente de adoptar medidas
que impidan el acceso de los
niños a la educación y los servicios de
salud, así
como la utilización militar de
las escuelas y los hospitales en contravención del
derecho internacional
humanitario.
83. Me preocupa el vínculo que
existe entre los desplazamientos y el
reclutamiento de niños, la
violencia sexual y la presencia de minas terrestres en
Colombia. Se insta al Gobierno a
asegurar la adopción de un enfoque más
integral de la prevención del
desplazamiento de los niños y la protección de los
niños desplazados, mediante la
aplicación de programas que cuenten con
financiación adecuada y aborden
las causas de desplazamiento.
84. Se insta a todas las partes
en el conflicto armado a cumplir plenamente
con su obligación de respetar la
labor que realizan los miembros de las
organizaciones humanitarias que
prestan asistencia y protección civil a los
niños afectados por los
conflictos armados.
85. Se insta al Gobierno a seguir
apoyando plenamente, con arreglo a las
resoluciones del Consejo de
Seguridad 1539 (2004), 1612 (2005), 1882 (2009) y
1998 (2011), el mecanismo de
supervisión y presentación de informes a fin de
prevenir y poner fin a los abusos
y las graves violaciones de los derechos de los
niños cometidos en contravención
del derecho internacional aplicable.
86. Se invita a la comunidad de
donantes a prestar apoyo adicional a los
programas y las iniciativas
nacionales que mejoran la protección de los niños y
a apoyar los esfuerzos y las
iniciativas de los organismos de las Naciones Unidas
y las organizaciones no gubernamentales,
en particular las orientadas a
asegurar una vigilancia y
promoción más eficaces, y otros programas de
protección de los niños.
87. Reitero que la mejor manera
de proteger a los niños es mediante la paz, y
por lo tanto, insto a todas las partes
a hacer lo posible por alcanzar una
solución pacífica del conflicto
y, en el contexto de las negociaciones futuras con
grupos armados no estatales,
insto al Gobierno a incorporar en los acuerdos
que se firmen disposiciones
específicamente orientadas a la protección de los
niños, incluida la liberación
incondicional de todos los niños y su participación
en condiciones de seguridad en
todas las decisiones que los afecten.
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