15 principales preocupaciones y recomendaciones sobre la situación de los niños y niñas en España
La Plataforma de Infancia ha presentado hoy su informe sobre cómo se aplica en España la Convención sobre los Derechos del Niño. Es el documento que defenderá el próximo 16 de junio en Ginebra ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.Las principales tareas pendientes que señala el informe son la coordinación efectiva de los recursos, un mayor peso de la pobreza infantil en la agenda política y una apuesta continua por la firma de un Pacto de Estado que dé estabilidad al sistema educativo.
Según palabras del Director de la Plataforma, Ángel Hernández, “una mejor coordinación lograría ya importantes mejoras en la situación de la infancia en España, además de que se aprovecharía mejor los fondos que ya se invierten en unos momentos de crisis como los que vivimos”.
Además, durante la rueda de prensa, se han hecho las 15 principales preocupaciones y las 15 recomendaciones que se demandan al Gobierno para mejorar la situación de la infancia en España.
Nos preocupa…
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Recomendamos…
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1. Legislación:
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Está pendiente
una revisión y armonización de las edades mínimas en las que el
ordenamiento concede trascendencia jurídica a actos ejecutados por
niños y niñas.
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Reconocer la
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) como parte de la ley e
instrumento marco que dé coherencia a todas las políticas dedicadas a la
infancia y la juventud.
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2. Coordinación y estrategia global:
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El Observatorio de Infancia estatal cuenta con recursos claramente limitados y sus decisiones no son vinculantes.
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Reforzar la coordinación entre los organismos e iniciativas públicas nacionales.
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3. Recursos:
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Existen diferencias de recursos entre Comunidades Autónomas (CCAA).
Es difícil identificar el presupuesto real destinado a infancia.
Tememos que la crisis provoque una reducción drástica de las inversiones.
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Garantizar a
todos los niños y niñas, independientemente de su lugar de residencia,
el acceso igualitario a unos servicios sociales básicos.
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4. Compilación de datos:
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Se carece de un
sistema integral de recogida y análisis de información. Así resulta
complejo el informarse adecuadamente para formular y evaluar las
políticas de infancia.
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Articular un
sistema de información compartido a nivel nacional y autonómico, que
permita un verdadero análisis de la realidad, el posterior diseño de
políticas y la evaluación de su impacto.
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5. Difusión de la CDN:
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El conocimiento
de la CDN es claramente insuficiente. No es una pauta habitual ni la
adaptación de materiales a un lenguaje comprensible para niños y niñas,
ni la formación específica de profesionales.
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Difundir apropiadamente la CDN tanto entre la población adulta y las y los profesionales, como entre la infancia y adolescencia.
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6. Participación infantil:
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El
desconocimiento del derecho de participación infantil trae consigo el
impulso de iniciativas dispares y sin carácter de permanencia.
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Diseñar estándares de intervención sobre participación infantil al amparo de la CDN.
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7. Medios de comunicación y tecnologías de la información y de la comunicación (TIC):
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Mientras crece
el consumo de televisión, videojuegos, Internet y publicidad por parte
de las niñas y los niños, falta financiación para evaluar los
contenidos que se emiten y para producir más contenidos educativos.
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Incrementar la
financiación y hacerla sostenible para proyectos de creación e
investigación de productos infantiles en materia de videojuegos,
producción digital y audiovisual.
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8. Entorno familiar y otro tipo de tutela:
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Los programas
preventivos de intervención familiar no cubren en líneas generales las
demandas sociales. La detección precoz de las situaciones de riesgo
evita abandono y maltrato posterior.
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Reforzar de forma prioritaria los servicios de apoyo a las familias tanto en intervención como en tratamiento y acompañamiento.
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9. Menores extranjeros no acompañados:
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No existe un
procedimiento uniforme que determine el “interés superior” del niño o
niña y que garantice la interpretación particularizada de cada caso.
Cada Comunidad Autónoma tiene competencia para establecer su propio
procedimiento y normativa, lo que se traduce en un trato diferenciado
dependiendo del territorio.
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Garantizar que,
como primera medida una vez identificados como menores de edad no
acompañados, se hace un análisis individual de las circunstancias
particulares de cada chico o chica, haciendo una correcta determinación
de su interés superior, para poder tomar las medidas adecuadas de
acuerdo con su situación.
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10. Violencia:
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No existe un
conocimiento riguroso de la dimensión del problema. Sigue sin existir
la debida coordinación entre los diferentes ámbitos implicados y los
recursos especializados para atender a los niños y niñas son escasos.
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Impulsar las reformas necesarias que aseguren un marco con estándares mínimos de atención entre las distintas CCAA.
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11. Salud básica y bienestar:
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Se ha detectado
una tendencia al crecimiento del número de los trastornos de naturaleza
psicológica y psíquica en la población infantil y juvenil.
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Reformar el
sistema sanitario infantil y juvenil, especialmente en lo que se
refiere a mayor dotación de especialistas en Pediatría, y reconocimiento
y desarrollo de la especialidad de Psiquiatría Infantil y Juvenil.
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12. Pobreza y exclusión social:
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El 24% de las niñas y los niños en España vive bajo el umbral de la pobreza.
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Dar mayor peso a
la pobreza infantil en la agenda política contemplándola de forma
especial y coordinada en los próximos Plan Estratégico Nacional de
Infancia y Adolescencia y Plan de Acción para la Inclusión Social.
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13. Educación:
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En la educación
formal, se vienen impulsando cambios legislativos sin evaluaciones
previas y coordinadas. Existe además una distribución desigual de
recursos.
Con respecto a
la educación no formal, sus recursos no se consideran obligatorios,
existiendo un vacío legal a nivel nacional con respecto al desarrollo y
supervisión de dichas actividades.
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Apuesta continua
por la firma de un Pacto de Estado que logre establecer un acuerdo de
mínimos que dote de estabilidad al sistema educativo.
Impulsar una regulación de las actividades y espacios de ocio y tiempo libre que asegure su carácter educativo.
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14. Derecho al juego:
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Falta de
normativa que regule de forma general las ludotecas, lo que provoca que
haya de remitirse a normativas sectoriales del ámbito autonómico y
local como referencia, constatándose además grandes diferencias entre
autonomías.
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Establecer una regulación estatal de requisitos mínimos en actividades y espacios de ocio y tiempo libre destinados a infancia.
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15. Justicia juvenil:
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Nos preocupan
las diferencias en la distribución de recursos en cada administración
autonómica. También hay diferencias en los modelos de intervención.
Además, las numerosas reformas legales que se han dado en tan poco
tiempo no dan estabilidad a las intervenciones.
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Promover un
tratamiento similar de los chicos y chicas bajo medidas judiciales con
independencia del lugar del territorio español en que se encuentren.
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