Norberto Alayón (*)
(*) Trabajador Social. Profesor Titular (Facultad de
Ciencias Sociales-UBA)
En este febrero de 2014, como es sabido, atravesamos en el país por un período de variados y sistemáticos intentos de debilitamiento y desestabilización del gobierno, por medio de acciones especulativas de los sectores económicos y políticos más concentrados, que ven limitados (aunque parcialmente y hasta muy escasamente en muchos casos) sus enormes e históricos privilegios.
Se pusieron claramente en evidencia distintas maniobras de retención y no liquidación de las exportaciones, complementándose con aviesas y hasta ilegales operaciones cambiarias con la transacción del dólar y luego aumentos injustificados de precios en consumos básicos, no disponibilidad de productos, engaños e incumplimientos de los precios acordados con las autoridades, todo lo cual puso sobre el tapete el papel que debe cumplir la ciudadanía ante los abusos que perpetran -con extrema impunidad- los sectores del gran capital, acostumbrados a querer decidir y mandar por sobre el poder político emanado de la soberanía popular, que constituye la esencia misma de la democracia.
Ante estos obscenos abusos se articuló una importante reacción por parte de los consumidores, que confluyó en una propuesta de boicot de compra por un día de alimentos en los supermercados (extranjeros y nacionales) y también de combustibles.
El activismo de la ciudadanía en pos de la vigencia y preservación de sus derechos, en pos del llamado “empoderamiento”, habilita un fructífero espacio para la reflexión (y la acción) acerca de cómo entender y definir la participación de la gente.
Desde el campo profesional del Trabajo Social, hace ya bastantes años venimos afirmando que promover los derechos de la gente y reclamar activamente para que se cumplan debe ser entendido como un deber y no sólo como un derecho de los ciudadanos. El reforzamiento de esta noción nos parece muy importante para reafirmar la necesidad de una ciudadanía atenta y vigilante del cumplimiento cotidiano de sus derechos, que vaya desterrando las conductas pasivas o simplemente expectantes acerca de si los derechos están meramente formulados o por el contrario están -como debe ser- plenamente vigentes.
Esta participación activa de la comunidad será la garantía cierta de que los derechos se ejerciten tal como estén legislados, evitando que se reproduzca ese sentimiento escéptico y generalizado según el cual una cosa es la Constitución Nacional, las Constituciones Provinciales, las leyes, las normas, las ordenanzas y otra -muy distinta- la realidad.
La tensión que está en el núcleo de la noción de ciudadanía es -en definitiva- la que se da entre las necesidades de los grupos sociales para su sobrevivencia y reproducción (instituidas como derechos)) y las “necesidades” del mercado, que se imponen sobre aquellas cuando estos derechos se pierden o se debilitan las instituciones que deben garantizarlos (el Estado).
De ahí que, para la promoción y defensa de los derechos, resulta clave develar y cuestionar la naturaleza de las relaciones sociales vigentes, en cuyo marco los abusos son posibles, identificando con rigor la presencia simultánea y contradictoria del binomio derechos-violación de los derechos.
Cabe recordar que los derechos se construyen y reconstruyen con la vigilancia permanente de su cumplimiento, pero que también se pueden diluir o directamente perder si no se ejercita su defensa cotidiana. Es la reivindicación y reclamo ante las obligaciones incumplidas por parte de los Estados nacionales, provinciales o municipales lo que contribuye a la constitución de las personas como sujetos plenos de derechos.
La lucha por la defensa de los derechos de un sector de la sociedad fortalece también la defensa de los derechos del conjunto de la población. El reconocimiento de que los habitantes sin derechos no son ciudadanos, abre la posibilidad de generar un impulso de activismo, en pos de la consolidación de los derechos no vigentes, y perfila la construcción de un nuevo tipo de relaciones sociales.
El pleno funcionamiento de Estados democráticos, con ampliación de derechos para todos los habitantes, permitirá -por lo menos- limitar la inhumana irracionalidad del sistema capitalista.
Buenos Aires, febrero 10 de 2014.
Fuente: Nota sobre "Los derechos de la gente", publicada en el Diario "Tiempo Argentino" de Buenos Aires, el 10 de febrero de 2014.
No hay comentarios:
Publicar un comentario