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jueves, 27 de febrero de 2014

1 de cada 3 niños menores de 5 años no existe oficialmente, dice UNICEF

NUEVA YORK, 11 de diciembre de 2013 - El día en que UNICEF cumple 67 años, la organización dio a conocer un nuevo informe que muestra que los nacimientos de casi 230 millones de niños menores de 5 años no están registrados, aproximadamente 1 de cada 3 de todos los niños menores de 5 años en todo el mundo.
“El registro del nacimiento es algo más que un derecho. Es la primera forma en que las sociedades reconocen y admiten la identidad y la existencia de un niño”, dijo Geeta Rao Gupta, Directora Ejecutiva Adjunta de UNICEF. “El registro del nacimiento es también clave para garantizar que no se olvide a los niños, que no se les prive de sus derechos ni se les oculte del progreso de sus naciones”.
El nuevo informe,Every Child’s Birth Right: Inequities and trends in birth registration (El derecho al nacer de todos los niños: Las desigualdades y las tendencias en el registro del nacimiento), analiza las estadísticas de 161 países y presenta los últimos datos y estimaciones disponibles de los países sobre el registro del nacimiento.
A nivel mundial, sólo alrededor del 60% de todos los recién nacidos fueron inscritos al nacer en 2012. Las tasas varían considerablemente entre las regiones: los niveles más bajos del registro del nacimiento se dan en Asia meridional y en África subsahariana.
Los 10 países con las tasas de inscripción del nacimiento más bajas son: Somalia (3%), Liberia (4%), Etiopía (7%), Zambia (14%), Chad (16%), la República Unida de Tanzanía (16%), Yemen (17%), Guinea-Bissau (24%), Pakistán (27%) y la República Democrática del Congo (28%).
Incluso cuando se registra a los niños, muchos no tienen constancia de su inscripción. En África oriental y meridional, por ejemplo, sólo la mitad de los niños registrados tienen un certificado de nacimiento. A nivel mundial, 1 de cada 7 niños registrados no posee este tipo de certificado. En algunos países, esto se debe a que las tasas son prohibitivas. Hay países donde no se emiten certificados de nacimiento y por ello las familias no disponen de una prueba de la inscripción.
A los niños que no son registrados al nacer, o que carecen de documentos de identificación, se les excluye con frecuencia del acceso a la educación, a la atención de la salud y a la seguridad social. Si los niños quedan separados de sus familias durante los desastres naturales, los conflictos o como resultado de la explotación, la reunificación se hace más difícil por la falta de una documentación oficial.
“El registro del nacimiento –y un certificado de nacimiento– es vital para liberar todo el potencial del niño”, dijo Rao Gupta. “Todos los niños nacen con un potencial enorme. Pero si las sociedades no pueden contar con ellos, y ni siquiera reconocen su existencia, son más vulnerables ante los casos de abandono y abuso. Inevitablemente, su potencial quedará gravemente reducido”.
La inscripción del nacimiento, como elemento esencial del registro civil de un país, también fortalece la calidad de las estadísticas vitales, y contribuye a la planificación y la eficiencia del gobierno.
Según UNICEF, los nacimientos no registrados son un síntoma de las desigualdades y disparidades en la sociedad. Entre los más afectados por estas desigualdades se encuentran los niños de ciertos grupos étnicos o religiosos, los niños que viven en zonas rurales o remotas, los niños de hogares pobres o los niños de madres sin instrucción.
Los programas deben abordar las razones por las que las familias no registran a los niños, como por ejemplo las tasas prohibitivas, el desconocimiento de las leyes y de los procesos pertinentes, los obstáculos culturales y el temor a una mayor discriminación o marginación.
UNICEF está utilizando enfoques innovadores para apoyar a los gobiernos y las comunidades a fortalecer sus sistemas de registro civil y del nacimiento. En Kosovo, por ejemplo, el Laboratorio de Innovaciones de UNICEF ha desarrollado un medio eficiente, eficaz y de bajo costo para identificar e inscribir los nacimientos no registrados, basado en la plataforma de telefonía móvil RapidSMS.
En Uganda, el gobierno –con el apoyo de UNICEF y el sector privado– está implementando una solución llamada MobileVRS, que utiliza la tecnología del teléfono móvil para completar los procedimientos de registro del nacimiento en varios minutos, un proceso que normalmente lleva meses.
“Las sociedades nunca serán equitativas e incluyentes hasta que cuenten a todos los niños”, agregó Rao Gupta. “El registro del nacimiento tiene consecuencias duraderas, no sólo para el bienestar del niño, sino también para el desarrollo de sus comunidades y países”.
UNICEF también ha publicado hoy Passport to Protection: A guide to birth registration programming (Un pasaporte para la protección: Una guía para la programación del registro del nacimiento),un manual para aquellos que trabajan en el registro de los nacimientos que ofrece información de antecedentes, principios generales y una guía para la programación.

miércoles, 26 de febrero de 2014

¿Por qué el narco recluta a miles de menores en México?

 Martes, 17 de diciembre de 2013
La guerra contra el narcotráfico que se libra en México desde hace casi una década ha causado un serio problema, del que poco se conoce su magnitud: el reclutamiento forzado o voluntario de miles de adolescentes y niños para trabajar en las redes de tráfico de drogas.
Algunos casos han llamado la atención de los medios locales, como el de un adolescente recientemente liberado a quien se conoce como El Ponchis.
El joven fue enviado a su país de origen, Estados Unidos, para seguir una rehabilitación especial. Pero como él existen muchos más que no pueden tener esta oportunidad, señalan organizaciones civiles.
De acuerdo con el grupo Cauce Ciudadano actualmente unos 75.000 menores de edad están integrados a grupos de delincuencia organizada, y participan abiertamente en sus actividades. Un fenómeno que también se vivió en los años 90 en Colombia, cuando arreciaba la guerra del Estado contra el crimen organizado.
La mayoría, unos 24.000, se integraron al Cartel de Sinaloa y enseguida se encuentran los que participan con Los Zetas que suman 17.000. Otros 7.500 se ubican en las filas de La Familia Michoacana y el resto se distribuyen en otros carteles, según ha documentado esta asociación.
"Hay un uso indiscriminado de adolescentes y de jóvenes, chicos de 13, 14 o 15 años que trabajan como halcones (vigilantes), como sicarios, en el empaquetado de la droga, secuestro de personas o la vigilancia de las casas de seguridad", le dice a BBC Mundo Carlos Cruz Santiago, director de Cauce Ciudadano.
Los menores se encuentran en la primera línea de violencia, pues incluso participan en combates entre carteles. Organizaciones civiles han documentado que entre el 1 de diciembre de 2006 y el último día de octubre pasado unos 1,873 adolescentes fueron asesinados.
Según el gubernamental Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), las agresiones son la primera causa de muerte entre los varones de entre 15 y 29 años de edad.
Para reducir el problema el gobierno mexicano emprendió un programa especial de prevención del delito, con énfasis en el rescate de espacios públicos tomados por la delincuencia, según Roberto Campa, subsecretario de Gobernación.

Razones

Las razones por las que tantos menores se encuentran en la delincuencia organizada son diversas, añade Cruz Santiago.
Muchos fueron víctimas de secuestros masivos; en otros casos sus familias recibieron amenazas para obligarles a trabajar para delincuentes, algunos más se unieron por miedo o porque era su única alternativa de empleo.
También hay casos, los menos, en que los adolescentes desean unirse a las bandas. Pero el común denominador es que son víctimas o victimarios que padecen la ausencia del Estado, cuya obligación es protegerles.
Así, padecen una vulnerabilidad extrema, incluso cuando pretenden cambiar de vida señala el director de Cauce Ciudadano.
"Los chicos pueden abonar a cambiar sus formas de actuar en las comunidades, ser menos violentos aún cuando sigan siendo criminales", explica.
"Es algo muy fuerte porque la gente quiere que se salga de la criminalidad. Nosotros decimos: dale empleo para que lo haga porque pedirle a los chavos (adolescentes) que se salgan cuando hoy la criminalidad les permite comer es cuando corren más riesgo".

Vacío legal

¿Por qué los carteles reclutan a menores de edad? Según especialistas pretenden aprovechar que en México antes de los 14 años las personas no son legalmente responsables de sus delitos, y después de esa edad hasta los 18 años reciben sentencias mínimas.
También es una forma de recuperar las tropas que perdieron durante los años más intensos de la guerra contra el narcotráfico, sobre todo porque el sector más abundante de la población mexicana es joven.
El problema es muy serio, afirma el diputado Ricardo Mejía Berdeja. "Se trata de un foco rojo que debe ser atendido como consecuencia de la falta de oportunidades", insiste.
Más allá de la polémica, el reclutamiento de menores por parte de los carteles revela el vacío legal que existe en el país para abordar el problema, señalan asociaciones civiles como la Red por los Derechos de la Infancia.
Recientemente en la Cámara de Diputados se aprobó una enmienda legal para garantizar la protección del gobierno a niños y adolescentes que son víctimas de la delincuencia, pero la iniciativa se quedó en la antesala del Senado que no ha analizado aún el tema.
La ausencia de un adecuado marco legal es grave, coinciden especialistas, pues hace más difícil resolver el problema de estos menores.
Uno de los temas fundamentales es su reinserción social que debe efectuarse con varias estrategias a la vez: asegurar su participación en los planes oficiales dirigidos a ellos, ofrecer alternativas de desarrollo y empleo y garantizar su protección, señala Cauce Ciudadano.
Una ruta complicada, especialmente en el caso de los menores que han recibido entrenamiento paramilitar, insiste Cruz Santiago. "Esto es un desastre, se comieron al país y nadie se dio cuenta", concluye.

lunes, 24 de febrero de 2014

LOS DERECHOS DE LA GENTE

   Norberto Alayón (*)
(*) Trabajador Social. Profesor Titular (Facultad de
     Ciencias Sociales-UBA)


En este febrero de 2014, como es sabido, atravesamos en el país por un período de variados y sistemáticos intentos de debilitamiento y desestabilización del gobierno, por medio de acciones especulativas de los sectores económicos y políticos más concentrados, que ven limitados (aunque parcialmente y hasta muy escasamente en muchos casos) sus enormes e históricos privilegios.

Se pusieron claramente en evidencia distintas maniobras de retención y no liquidación de las exportaciones, complementándose con aviesas y hasta ilegales operaciones cambiarias con la transacción del dólar y luego aumentos injustificados de precios en consumos básicos, no disponibilidad de productos, engaños e incumplimientos de los precios acordados con las autoridades, todo lo cual puso sobre el tapete el papel que debe cumplir la ciudadanía ante los abusos que perpetran -con extrema impunidad- los sectores del gran capital, acostumbrados a querer decidir y mandar por sobre el poder político emanado de la soberanía popular, que constituye la esencia misma de la democracia.

Ante estos obscenos abusos se articuló una importante reacción por parte de los consumidores, que confluyó en una propuesta de boicot de compra por un día de alimentos en los supermercados (extranjeros y nacionales) y también de combustibles.

El activismo de la ciudadanía en pos de la vigencia y preservación de sus derechos, en pos del llamado “empoderamiento”, habilita un fructífero espacio para la reflexión (y la acción) acerca de cómo entender y definir la participación de la gente.

Desde el campo profesional del Trabajo Social, hace ya bastantes años venimos afirmando que promover los derechos de la gente y reclamar activamente para que se cumplan debe ser entendido como un deber y no sólo como un derecho de los ciudadanos. El reforzamiento de esta noción nos parece muy importante para reafirmar la necesidad de una ciudadanía atenta y vigilante del cumplimiento cotidiano de sus derechos, que vaya desterrando las conductas pasivas o simplemente expectantes acerca de si los derechos están meramente formulados o por el contrario están -como debe ser- plenamente vigentes.

Esta participación activa de la comunidad será la garantía cierta de que los derechos se ejerciten tal como estén legislados, evitando que se reproduzca ese sentimiento escéptico y generalizado según el cual una cosa es la Constitución Nacional, las Constituciones Provinciales, las leyes, las normas, las ordenanzas y otra -muy distinta- la realidad.

La tensión que está en el núcleo de la noción de ciudadanía es -en definitiva- la que se da entre las necesidades de los grupos sociales para su sobrevivencia y reproducción (instituidas como derechos)) y las “necesidades” del mercado, que se imponen sobre aquellas cuando estos derechos se pierden o se debilitan las instituciones que deben garantizarlos (el Estado).

De ahí que, para la promoción y defensa de los derechos, resulta clave develar y cuestionar la naturaleza de las relaciones sociales vigentes, en cuyo marco los abusos son posibles, identificando con rigor la presencia simultánea y contradictoria del binomio derechos-violación de los derechos.

Cabe recordar que los derechos se construyen y reconstruyen con la vigilancia permanente de su cumplimiento, pero que también se pueden diluir o directamente perder si no se ejercita su defensa cotidiana. Es la reivindicación y reclamo ante las obligaciones incumplidas por parte de los Estados nacionales, provinciales o municipales lo que contribuye a la constitución de las personas como sujetos plenos de derechos.

La lucha por la defensa de los derechos de un sector de la sociedad fortalece también la defensa de los derechos del conjunto de la población. El reconocimiento de que los habitantes sin derechos no son ciudadanos, abre la posibilidad de generar un impulso de activismo, en pos de la consolidación de los derechos no vigentes, y perfila la construcción de un nuevo tipo de relaciones sociales.

El pleno funcionamiento de Estados democráticos, con ampliación de derechos para todos los habitantes, permitirá -por lo menos- limitar la inhumana irracionalidad del sistema capitalista.


Buenos Aires, febrero 10 de 2014.    

Fuente: Nota sobre "Los derechos de la gente", publicada en el Diario "Tiempo Argentino" de Buenos Aires, el 10 de febrero de 2014.
 
 

¡Populista, sí: a mucha honra!

Norberto Alayón (*)
(*) Trabajador Social. Profesor Titular (Facultad de Ciencias Sociales-UBA)
En el lenguaje corriente, ciertos políticos y académicos descalifican, abominan del término "populismo". Los "izquierdistas" critican al populismo porque éste no apunta a erradicar el sistema capitalista. Los conservadores lo critican porque, aún incompletamente, defiende más los intereses de los sectores populares.
Se lo usa, se lo invoca de manera peyorativa, como un insulto, como si fuera una "mala" palabra. Por cierto, populismo se deriva de lo popular, de pueblo. ¿Estará mal hablar de lo popular/pueblo o encarar políticas en defensa de lo popular?
En contraposición, ¿estos sectores preferirían emplear el concepto de elitismo o de grupos selectos (no populares) que serían diferentes y mejores que la gente común? Intentan vilipendiar y construir una idea estigmatizante, desvalorizada de lo popular, desde su propia posición de clase. Algunos por odio de clases y otros por inveterada miopía intelectual, reflotan la vieja antinomia de "popular versus antipopular".
Juan Cruz Varela, hermano de Florencio, fue un escritor y político argentino, instigador -junto a Salvador María del Carril- del fusilamiento de Manuel Dorrego, perpetrado por Juan Lavalle. En 1828, después de la caída del gobierno popular de Dorrego, desde Montevideo escribió los siguientes versos: "La gente baja ya no domina y a la cocina se volverá". Fantástica y desgraciada oda antipopular, que refleja el pensamiento de muchos, de ayer y de hoy. Lo que estaba y está por supuesto también en juego en la actualidad, es la disputa por quién ejerce el poder: uno u otro sector social.
En el basamento ideológico del retrógrado sistema de segregación racial, denominado "apartheid", se mencionaba que "El más educado de los negros es, por definición, inferior al menos educado de los blancos". Si adecuáramos esta afirmación a las categorías "rico/pobre", podríamos leer, remedando a los seguidores del "apartheid": "El más educado de los pobres, es, por definición, inferior al menos educado de los ricos".
El desprecio que algunos vuelcan sobre el populismo parece asimilarse a las críticas que se verifican, en el ámbito de la justicia, hacia las concepciones "garantistas", que tienden precisamente a garantizar los derechos de todos. ¿Qué otra cosa se debería ser? ¿Antigarantista? Por ejemplo, al dictador Videla, a Martínez de Hoz, a la Sociedad Rural Argentina, a los Macri de hoy, los seducían y los seducen las ideas y las políticas antigarantistas. Quieren garantías (y especialmente privilegios) sólo para los poderosos.
Las políticas progresistas de Inclusión Previsional, de la Asignación Universal por Hijo, el Programa PROCREAR de viviendas, el Programa Conectar Igualdad, el Programa PROGRESAR han sido recurrentemente tildadas de populistas, de demagógicas. ¡Menos mal que existen estas políticas que propenden a una mayor justicia social! Estas medidas, ¿son criticadas por impericia, por irresponsable liviandad, por interés político de mera y burda oposición? Y ni qué hablar de aquellas extraviadas (para decir lo menos) expresiones de ese dirigente político nacional, que avergonzarían y enfurecerían a don Hipólito Yrigoyen, cuando criticó la Asignación Universal por Hijo y dijo que la misma "se iría por la canaleta del juego y de la droga".
Resultan asombrosas, cuando no tristemente patéticas, las opiniones de algunos cientistas sociales que aparentan pasar como objetivos y rigurosos, arremetiendo sistemáticamente contra lo popular, contra el populismo, obteniendo el beneplácito y la adulación de poderosos diarios, canales y radios que representan los intereses más antipopulares y que, como es coherente con su ideología, hasta apoyaron la dictadura cívico-militar-eclesiástica iniciada en 1976.
Muchos de estos cientistas sociales provienen del campo del "progresismo" o del "izquierdismo". Muchos hasta fueron funcionarios del menemismo y del gobierno de la Alianza y poco o nada hicieron desde los ministerios y reparticiones de Desarrollo Social. Convendría repasar y recordar sus nombres, para ver si se trata de las mismas personas.
Critican al kirchnerismo por populista. Lo mismo hacen otros con Evo Morales en Bolivia, con Rafael Correa en Ecuador, con Dilma Rousseff en Brasil. Lo que es un mérito, en beneficio de las mayorías más desprotegidas, intentan transformarlo en algo descalificable, en algo abyecto. Resulta evidente que no critican para mejorar y avanzar; critican para debilitar y retroceder.
En 2014, en el marco concreto de la cruda realidad internacional y nacional, resulta absolutamente pertinente apoyar las políticas de carácter popular, en línea con la defensa de los sectores más postergados.
De merecer una crítica o un epíteto insultante, de parte de los diversos sectores objetivamente antipopulares ("izquierdistas" o conservadores, cientistas sociales o no) preferiría y hasta me halagaría que me dijeran "populista". La ceguera reaccionaria y provocativa de muchos, me induce a asumir en la encrucijada actual, la afirmación de ¡Populista, sí: a mucha honra! 
Buenos Aires, febrero 17 de 2014.
Fuente: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-239978-2014-02-17.html

jueves, 6 de febrero de 2014

Las nuevas reglas mundiales sobre Justicia “de Menores”

Autor: Osvaldo Agustin Marcón
Se suele decir que Argentina está atrasada respecto de Latinoamérica donde, no por casualidad en la década del ‘90, la mayoría de los países implementó sistemas de Responsabilización Penal Juvenil. Sin embargo, autocrítica mediante, distintas organizaciones de jueces, funcionarios y profesionales de Latinoamérica, Europa y África avanzan en un proceso que revela una postura crítica ante dichos sistemas trayendo a escena lo efectivamente novedoso: adaptar la administración de justicia según la especificidad de niños y niñas. Aunque esta pretensión puede parecer menor o simplemente accesoria, alude a aspectos substanciales por lo cual está relacionada con la eficacia judicial real en este campo, en términos de vigencia de derechos. Gran parte de los déficits actuales son consecuencia de lógicas “replicantes”, es decir copias de la lógica penal ordinaria, imitaciones de lo vigente en otros países, o calcos de lo recomendado por organismos dominantes. Toda vez que, ante la necesidad de transformar la realidad no se apela a la imaginación sociojurídica, aparece el temor de los operadores ante lo inseguro del cambio. Y con el miedo viene la inmovilización para, entonces, regresar al terreno firme de las simples réplicas.
La referida crítica internacional quedará plasmada en las Reglas para una Justicia Adaptada a Niños y Niñas en el Mundo, instrumento que casi seguramente resultará definitivamente aprobado por el XIX Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y la Familia, a realizarse en Foz de Iguazú (Brasil), en marzo/14. Todos los sistemas y sus operadores forman parte de la preocupación adaptativa que atraviesa las nuevas Reglas. Así, sentencias judiciales, dictámenes profesionales, roles policiales, tareas administrativas, programas, instituciones, etc., forman parte de la discusión teniendo como exigencia su adecuación según las exigencias específicas de los servicios de justicia. Aunque a primera vista supone violencias epistemológicas y, con ellas, colisiones teóricas y metodológicas, los perfiles de los distintos roles son puestos en cuestión. Acusaciones, Defensas y Pronunciamientos deberán ser pensados desde otra perspectiva, al igual que las intervenciones profesionales usualmente aferradas a sus lógicas originarias, pocas veces adecuadas a la especificidad del escenario judicial. Esta matriz trae consigo un especial plus en tanto no es producto de laboratorios académicos sino que nacen en la forja de quienes comprueban cotidianamente los efectos reales de la responsabilización penal (jueces, funcionarios, profesionales).
Por último, cabe reiterar que este trascendente evento propone tirar por la borda el lastre que significó la reducción de la rica Convención Internacional de los Derechos del Niño a solo uno (o dos) de sus artículos por el camino de la penalización. Ésa es la vía que comienza a transitar en el mundo en este tema por lo que si se pretende renovar procedimientos, ha de tenerse presente que esto forma parte de las lógicas más avanzadas que intentan dejar definitivamente atrás expresiones en este campo de la lógica noventista desarrollada al calor del triste Consenso de Washington.
Osvaldo Agustín Marcón